Periodista en ciernes

El comunicado de prensa afirma que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajó a La Habana para apoyar la fructífera negociación que la Iglesia católica ha emprendido desde hace dos meses con el régimen cubano. En cambio, las malas lenguas —que siempre son abundantes— dicen que Moratinos pretendía más bien capitalizar la excarcelación de 52 presos políticos con vistas a derogar la Política Común que la Unión Europea mantiene con la dictadura castrista.

Uno oye hablar a Moratinos de la Política Común sobre Cuba y se imagina un bloqueo implacable contra la isla, que obstaculiza su transición a la democracia o que ahoga a sus habitantes en la ciénaga de la miseria. Sin embargo, la Política Común sobre Cuba es una iniciativa que la UE aprobó por unanimidad en 1996 y que intenta promover la democratización del país, el respeto de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población cubana. Punto final.

Después de la trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo, los hermanos Castro han aflojado su puño de hierro —es cierto— gracias a la intervención de la diplomacia vaticana. El disidente Ariel Sigler ha sido excarcelado, 18 prisioneros de conciencia han sido trasladados a cárceles más próximas a sus hogares y ahora 52 opositores van a ser liberados... a condición de que encuentren asilo en el extranjero. Pero aún queda un centenar de presos políticos entre rejas, los derechos fundamentales siguen aplastados y la democracia no acaba de desembarcar en la isla.

En este contexto, ¿tiene algún sentido eliminar la Política Común sobre Cuba? El Gobierno de Zapatero, siempre indulgente con los Castro, desearía sustituirla por un acuerdo bilateral en no se sabe qué términos; pero algunos países de la UE no están por la labor, y resulta imprescindible el acuerdo unánime de los Veintisiete para lograr el cambio. Quizá por esa razón el presidente obvió toda referencia a Cuba en el balance sobre la presidencia española de la UE que presentó el martes en el Parlamento de Estrasburgo.

España posee una ineludible responsabilidad moral sobre Cuba por los íntimos lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones. Por eso, en vez de bailar el agua a los hermanos Castro y tratar de suavizar la política europea hacia la isla, el Gobierno español, que presume de europeísta, debería repasar el preámbulo del Tratado de Lisboa, concretamente ese párrafo en el que se recuerda "la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho". Porque ésa es la esencia de Europa y ése debe ser el marco que delimite las relaciones diplomáticas con la dictadura caribeña.

El PP tiene que hacer equilibrios cada vez que se plantea el espinoso tema del aborto. Ello se debe a la existencia de dos tendencias dispares en el seno del partido: una de cariz democristiano, que no muestra reparos en alinearse con la Iglesia católica, que condena sin paliativos el aborto y que vincula la actual recesión económica a una crisis moral en Occidente; y otra más centrista, que evita identificarse con la jerarquía eclesiástica y que aborda la cuestión del aborto con una mayor cautela para no escorarse a la derecha.

La discrepancia entre las dos almas del partido afloró hace unos días. Jaime Mayor Oreja, representante del ala democristiana y candidato al Parlamento Europeo, suscribió unas declaraciones de monseñor Cañizares en las que afirmaba que el aborto es peor que la pederastia. "En el Código Penal, lo primero es la muerte de un ser humano, y lo segundo son otras cosas. Todo es repugnante; pero la relación es la que es", se justificaba Mayor Oreja. Por su parte, la dirección del PP evitó poner en relación aborto y pederastia. Así, Mariano Rajoy eludió la polémica y su número dos, María Dolores de Cospedal, se limitó a decir que el abuso de menores es "uno de los peores crímenes que se puede cometer contra una persona".

El partido se ha pronunciado a favor del mantenimiento de la ley del aborto vigente, que —según los populares— protege el derecho a la vida (consagrado en el artículo 15 de la Constitución) con algunas excepciones admitidas por el Tribunal Constitucional. Pero ¿por qué apoya ahora el PP una ley a la que se opuso en 1983? ¿No vulnera el principio del humanismo cristiano recogido en los estatutos de la organización? ¿Es partidario Mayor Oreja de recortar o abolir la ley actual? ¿Por qué no promovió una reforma legal durante los cinco años en que ocupó una cartera ministerial? Y ¿qué opina Mariano Rajoy al respecto: el aborto es una aberración que supone la muerte de un ser humano —como señala Mayor Oreja— o una práctica tolerable que se debe despenalizar en algunos supuestos? No hay respuestas para estas preguntas. La postura de los conservadores adolece de inconsistencia y suscita numerosas dudas.

El PP es la fuerza hegemónica del centro derecha en España, representa a más de diez millones de votantes y debe contar con un punto de vista claro y sólido en torno al aborto. Frente a las ocurrencias de la ministra Aído, que niega la condición humana a los fetos de trece semanas y que, en el colmo de la frivolidad, equipara el aborto con "ponerse tetas", el PP no debería encontrar dificultades para ejercer una oposición firme al proyecto de ley promovido por el Ministerio de Igualdad. El problema es que carece de un discurso único y coherente; y así, sus palabras no aportan nada al controvertido debate sobre el aborto.

El mandatario que goza de una mayor popularidad en su respectivo país es el colombiano Álvaro Uribe. Desde que asumió la jefatura del Estado en el año 2002, se ha enfrentado sin tregua a la guerrilla terrorista y narcotraficante de las FARC. Ha recuperado para el control del Estado todas las regiones del país. Y ha conseguido un crecimiento económico de más del 5% anual, en buena medida gracias a la confianza que ha despertado entre los inversores internacionales. No es de extrañar, pues, que la mayoría de los colombianos quiera que siga al frente de la República más allá de las elecciones de 2010.

Pero eso no es posible desde el punto de vista legal. En un principio, el presidente sólo podía ejercer el cargo durante un único periodo de cuatro años. Se reformó la Constitución en 2006 con el objetivo de que Uribe pudiera ser reelegido una vez. Y ahora, a pocos meses de que concluya su segundo mandato, el Senado ha aprobado la convocatoria de un referéndum para modificar de nuevo la Carta Magna y permitirle, así, que se presente a las presidenciales por tercera vez consecutiva.

Introducir cambios en un texto constitucional, que es el base del ordenamiento jurídico de un país, en beneficio de una sola persona —máxime cuando no existe consenso entre todas las fuerzas políticas— resulta irresponsable y peligroso para la pervivencia de todo sistema democrático.

Por otra parte, la limitación de mandatos constituye una norma básica de higiene política: garantiza la alternancia, y conjura el caudillismo y la corrupción. No es cierto —como auguran los críticos de Uribe— que, si éste revalidara su cargo el próximo año, Colombia se asemejaría a la autoritaria Venezuela. A diferencia de lo que sucede en el régimen de Chávez, la oposición y los medios de comunicación en Bogotá pueden ejercer su labor de control al Ejecutivo sin ninguna cortapisa. De todos modos, es preferible para la salud de la democracia colombiana que se produzca un relevo en la jefatura del Estado en 2010, tal como establece la Constitución.

Cabría esgrimir en favor de la continuidad del presidente la falta de dirigentes capaces de asumir el proyecto político que él ha emprendido. Sin embargo, el propio Uribe ha admitido que Colombia cuenta con "muchos buenos líderes". Entre ellos destaca Juan Manuel Santos, que le ha acompañado en la lucha contra las FARC desde 2006. Precisamente Santos cesó como ministro de Defensa anteayer para preparar su candidatura a las presidenciales en caso de que Uribe se retire.

No resulta conveniente una reforma constitucional en Colombia porque las reglas del juego democrático tienen que prevalecer sobre los personalismos. Al término de su segundo mandato, Álvaro Uribe debe abandonar la jefatura del Estado y dejar paso a otros políticos que mantengan su acción de gobierno si así lo deciden los colombianos. Que el mandatario más popular del mundo no pueda optar a una segunda reelección mostrará la solidez institucional de la República de Colombia.

Esto es un grupo de militares yanquis, otro de franchutes y otro de españoles que se plantan en las costas de Somalia para combatir la piratería que se ha enseñoreado de aquellos mares.

Van los soldados yanquis y se enteran de que los piratas somalíes han asaltado un portacontenedores norteamericano y que han tomado como rehén al capitán. "No podemos tolerar un acto de piratería contra nuestro país", piensan los yanquis. Así que cogen un destructor y se acercan al buque ocupado por los bucaneros. Observan sus movimientos y, al cabo de cinco días, cuando uno de ellos está encañonando al rehén, se los cargan y liberan al capitán. El comandante en jefe de los Estados Unidos, Barack Obama, se declara "orgulloso" de la operación y advierte: "Vamos a detener el aumento de la piratería en esa región y, para ello, vamos a seguir trabajando con nuestros aliados".

Van los soldados franchutes y descubren que los piratas somalíes han secuestrado un velero de bandera gala en el que viajan dos parejas y un niño de tres años. Rápidamente se ponen en contacto con los malhechores y les proponen un acuerdo que éstos rechazan. "Ah, ¿que no queréis acuerdo? Pues si no es por las buenas, será por las malas". Seis días después del secuestro, los franchutes intervienen para rescatar a las cinco personas retenidas. En la operación, desgraciadamente fallece uno de los rehenes. Mueren también dos corsarios, y los otros tres son detenidos. El jefe de las Fuerzas Armadas francesas, Nicolas Sarkozy, sostiene la determinación de Francia "de no ceder al chantaje y de hacer fracasar la piratería". Y el ministro de Defensa, Hervé Morin, destaca la necesidad de que los tres filibusteros sean juzgados en Francia.

Van los soldados españoles y apresan, como es de ley, a siete piratas somalíes que han atacado un buque de bandera panameña y a otros tantos que han intentado abordar un barco maltés. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a instancias de la Fiscalía, ordena su ingreso en prisión provisional. Pero al día siguiente, va la Fiscalía y repara en un reciente canje de notas entre la Unión Europea y Kenia. Así pues, solicita la entrega de los corsarios a este país africano. Entonces va el juez y decide que no, que hay que dejar en libertad a los malhechores, a pesar del "absolutamente probable riesgo de fuga", pues ponerlos a disposición de Kenia vulneraría sus derechos y garantías constitucionales.

No tiene gracia el chiste, ¿verdad? Pues imagínese la gracia que les hace a los militares españoles arriesgar su vida en las aguas de Somalia para que luego la justicia suelte, por un quítame allá esas pajas, a los piratas que están poniendo en jaque la navegación internacional.

El azote de la crisis económica y la propagación de la gripe porcina están eclipsando una noticia de enorme trascendencia para la política española. Mañana será investido lendakari el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, con los votos de PSE, PP y UPyD. Así pues, terminan tres décadas de hegemonía nacionalista en el País Vasco.

López encontrará un clima político hostil cuando llegue a Ajuria Enea. En primer lugar, el PNV rechaza los resultados salidos de las urnas. No comprende que, a pesar de ser la formación política más votada en las elecciones del 1 de marzo, carece del apoyo de la mayoría parlamentaria. Y ya ha advertido que no se va a quedar de brazos cruzados en la oposición. Ha tachado el pacto PSE-PP de "agresión política" e incluso de "golpe institucional", y se ha erigido nada menos que como "el líder natural" del País Vasco.

En segundo lugar, los sindicatos nacionalistas van a recibir al nuevo Ejecutivo con la celebración, el próximo día 21, de una huelga general que no secundan ni UGT ni CC. OO. Alegan los sindicalistas que el paro [documento .pdf] pretende la "denuncia de la destrucción de empleo y del chantaje patronal, la crítica a las actuales políticas sociales y presupuestarias y la exigencia de instrumentos para abordar la crisis en Euskal Herria". Aunque se han cuidado de desvincular la huelga del cambio de signo político, resulta muy dudoso que los sindicatos nacionalistas se hubieran movilizado bajo el Gobierno amigo de Ibarretxe.

En tercer lugar, ETA ha situado en el centro de la diana a Patxi López y a sus consejeros. Sabemos, gracias a la detención de Jurdan Martitegi, que los terroristas planeaban reventar la investidura del nuevo lendakari con la colocación de una furgoneta bomba. Por si acaso, las fuerzas de seguridad han recomendado a los socialistas (también a los populares) que extremen la precaución ante un eventual atentado.

Y a todo esto, el flamante vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, afirma en una entrevista:

El Gobierno vasco no puede entrar como elefante en cacharrería en la televisión vasca y en la Ertzaintza. No es bueno ni razonable, y no ocurrirá, porque conozco a Patxi López.

A ver si lo entiendo bien... A Chaves le parece normal que el PNV deslegitime el veredicto democrático de las urnas, que los sindicatos nacionalistas convoquen una huelga general contra un Gabinete que aún no se ha constituido y que una banda terrorista amenace a los representantes de la ciudadanía vasca. Por eso, juzga Chaves, "no es bueno ni razonable" tocar la ETB ni la Ertzaintza (ni la educación, añadiría yo), instituciones que han contribuido notablemente a mantener la prolongada hegemonía nacionalista y a tolerar la barbarie etarra.

Así que, Patxi, ya lo sabes: no cambies nada, no sea que promuevas la paz y la convivencia allí donde no las ha habido nunca.

Imagine que en un país lejano se extiende una epidemia a una velocidad incontrolada. Imagine que las autoridades de ese país se abstienen de extinguir el foco de la enfermedad y se limitan a proporcionar una cobertura sanitaria a los afectados. Imagine que la epidemia se recrudece hasta el punto de que los hospitales no dan abasto para atender a tantos enfermos y algunas personas quedan expuestas a su suerte. Ahora deje de imaginar y compare la desidia de las autoridades de ese lejano país con la disposición que muestra Zapatero para combatir el paro. ¿Encuentra alguna diferencia?

"Vamos a ganar la lucha por el empleo manteniendo y ampliando la protección social". Ésta es la única receta que plantea el presidente para atajar la epidemia del paro. Lejos de estimular la creación de puestos de trabajo, se trata de subsidiar a los desempleados hasta que amaine la tormenta económica que sacude el planeta y España enfile de nuevo la senda del crecimiento. Los resultados de esta política se revelan, por el momento, nefastos. Ha engordado desmesuradamente el déficit público y no han adelgazado las listas del INEM.

Al contrario: la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre del año [documento .pdf] indica que más de cuatro millones de españoles quieren trabajar y no encuentran un empleo. En doce meses ha crecido un 85% el número de desempleados. La tasa de paro se sitúa ya en el 17,36% de la población activa. España duplica la tasa media de la Unión Europea y encabeza, por supuesto, la Champions League del desempleo. Asimismo, hay un millón de hogares donde ninguno de sus miembros tiene trabajo.

Sin renunciar al mantenimiento de la protección social, Zapatero puede —y debe— adoptar soluciones para frenar la epidemia del paro. En primer lugar, puede ofrecer incentivos a los empresarios para que generen puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que este sector emplea al 80% de los trabajadores en España. Esa medida sería beneficiosa para los desempleados y aliviaría el déficit público, que lastra —no lo olvidemos— la recuperación económica de nuestro país.

En segundo lugar, es indispensable que Zapatero se desprenda de su mentalidad banderiza y busque sin descanso un acuerdo que integre al Gobierno, la oposición, la patronal y los sindicatos. De nada sirve rechazar por sistema las propuestas del PP y apelar a un diálogo social que lleva varias semanas bloqueado. Urge la firma de un pacto de Estado por el empleo basado en un diagnóstico certero de la coyuntura actual, y en la confianza de que España puede acabar con la epidemia del paro y asentar un modelo laboral más sostenible.

Si, por el contrario, Zapatero se obstina en la protección social como único remedio contra el desempleo, la epidemia afectará dentro de unos meses a cinco millones de españoles y lo que te rondaré morena.

El Elíseo se ha apresurado a desmentir unas embarazosas declaraciones [enlace a un documento .pdf en francés] que Sarkozy profirió en petit comité sobre Zapatero. Pero el mandatario francés no tiene que avergonzarse de ellas; al contrario: revelan la cordura de su juicio. Zapatero, sostiene Sarkozy, no destaca por su inteligencia. ¿Acaso alguien pensaba lo contrario? Basta con repasar su escueta biografía profesional para apercibirlo: estudió Derecho en la Universidad de León, donde ejerció unos pocos años como penene, y ha desarrollado el resto de su carrera en el aparato del Partido Socialista. Una vez en la Moncloa, tampoco se ha distinguido por la brillantez intelectual. Su acción de gobierno se ha caracterizado más bien por una notable habilidad política, una pasmosa liviandad ideológica y la clamorosa falta de un proyecto de futuro para España.

Hay que reconocer, eso sí, que Zapatero es muy listo. Dio alas al debilitado complejo etarra en aras del engañoso mantra de la paz. Promovió una innecesaria reforma de los Estatutos de Autonomía que ha mermado la cohesión nacional. Resucitó el ominoso fantasma de la Guerra Civil, que creíamos felizmente enterrado en la Transición. Devaluó de forma irresponsable el prestigio exterior que España había alcanzado con Aznar y, en consecuencia, se ha visto obligado a mendigar un asiento en las cumbres del G-20. A propósito, negó la crisis por activa y por pasiva, con una desfachatez extraordinaria, cuando ya sonaban los tambores de alarma ante la tormenta económica más grave de los últimos cincuenta años. Ha colocado el paro en unas tasas que no se recordaban desde el tardofelipismo, ha dilapidado a base de subsidios el superávit público y lleva camino —Fernández Ordóñez díxit— de poner en números rojos las cuentas de la Seguridad Social. No ha hecho nada por reducir las escandalosas cifras de fracaso escolar, ni por solucionar el problema secular del agua, ni por facilitar el uso del español allí donde la lengua común está arrinconada. Digo que Zapatero es muy listo porque, a pesar de estas negligencias, errores y engaños, ha sabido mantener un aceptable nivel de popularidad y no ha conocido hasta el momento la amargura de una derrota electoral.

El comentario desdeñoso de Sarkozy ha sido recibido con íntimo regodeo en las filas del Partido Popular; pero, bien mirado, pone en entredicho a la oposición antes que al propio Zapatero. Porque si aceptamos que éste no es precisamente una lumbrera, cabe plantearse cómo serán sus adversarios políticos, incapaces de batir en las urnas a una rampante medianía intelectual. Ha hecho falta que la crisis económica se manifieste en toda su crudeza y que se haya producido un cambio de signo político en Galicia para que el PP empiece a vislumbrarse como una alternativa de gobierno al no inteligente pero muy listo Zapatero. Rajoy y compañía deberían hacérselo mirar.

Viernes, tres de la tarde. El telediario abre con la noticia de que España enviará un nuevo contingente militar a Afganistán para la formación y el entrenamiento de un batallón del ejército local. Aparecen unas imágenes de la rueda de prensa que ha convocado el señor Moratinos antes del Consejo de Ministros. Don Miguel Ángel asegura: "Habrá un esfuerzo de formación de lo que es un batallón afgano. Haremos esfuerzo también en lo que es nuestra presencia en...". El ministro me deja perplejo con su hallazgo lingüístico. Quizás esa expresión pertenezca a la jerga secreta de los diplomáticos. Quién sabe.

La segunda noticia más importante de la jornada es el comienzo de la primera fase de la "operación salida" de Semana Santa, que terminará el domingo a medianoche. El presentador da paso a un vídeo que muestra los lugares más turísticos del territorio nacional. En Benidorm, una pareja de treintañeros declara: "Somos de Madrid y hemos venido a pasar lo que es el fin de semana a la playa". Vaya, a juzgar por las gafas de sol, el bermudas y las chancletas, no parecen cónsules ni embajadores; pero lo cierto es que emplean el mismo lenguaje que el ministro de Exteriores. Es curioso.

El presentador del informativo afirma que éstas pueden ser las últimas vacaciones de Semana Santa con chiringuitos en la playa. La ley de Costas que está preparando el Ejecutivo —continúa— prohíbe la ocupación de los arenales en los cien metros más cercanos a la orilla, de manera que aquellos establecimientos habrían de retranquearse al paseo marítimo. Un varón de mediana edad, con la piel arrugada y curtida, que trabaja en un chiringuito de Torremolinos muestra su incomprensión hacia el proyecto: "Pero ¿qué problema hay en que el chiringuito esté en lo que es la playa? Toda la vida ha estado aquí, y no ha pasado nada". Empiezo a sospechar que esta forma de hablar no es exclusiva de los diplomáticos, sino que se extiende como la peste entre lo que se dice toda la población.

A continuación, aparece en pantalla la meteoróloga, delante del mapa de España, para ofrecer el pronóstico del tiempo de mañana sábado. "Aumentará la nubosidad en lo que es el extremo norte peninsular, con posibilidad de precipitaciones en el Cantábrico más occidental. Aún podrían registrarse chubascos débiles en lo que viene siendo el Pirineo oriental. Y en el resto, se mantendrá la estabilidad. Buenas tardes".

Confieso que estoy lo que se dice absolutamente desconcertado. Yo —lo que viene siendo mi persona, digo— nunca había utilizado estas muletillas hasta que he empezado a ver lo que es el telediario. Voy a apagar la televisión y a echarme lo que viene siendo un ratito de siesta. A ver si me recupero de lo que es en toda regla una innecesaria, redundante y absurda estupidez.